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Ensayo Mayor (clínico)


LOS MÉDICOS Y EL ABORTO*

* Este trabajo se elaboró a partir de la revisión bibliográfica que sustenta el marco de referencia del proyecto de investigación "Actitud del médico en formación frente al aborto inducido en México". Dicho proyecto tiene como propósito general explorar, mediante la aplicación de encuestas y entrevistas, los elementos que influyen en la posición de los médicos, particularmente de aquéllos en etapa formativa (estudiantes de la licenciatura en medicina y residentes de la especialidad en gineco-obstetricia), ante la problemática del aborto.

Salud Pública Méx 1995; Vol. 37(3):248-255

Indice

Autores


DEYANIRA GONZALEZ DE LEON-AGUIRRE, M.C., M.S.P.(1)

(1) Investigadora del Departamento de Atención a la Salud. Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, México.

Resumen

La posición de los médicos frente al aborto inducido es un problema que merece mayor atención en México. Estudios realizados en algunos países muestran que las actitudes de los médicos frente al aborto están influidas por factores diversos (éticos, religiosos, jurídicos, políticos y médicos, entre otros), y que donde es legal coexisten profesionales con posiciones diversas. Las experiencias de algunos países indican que la prestación institucional de servicios de aborto es un asunto controvertido y políticamente delicado, y que el proporcionarlos o negarlos se encuentra en gran medida a discreción de los médicos. En contextos como el de México, donde el aborto está penalizado, las restricciones legales y de otra índole no impiden que muchos médicos lo practiquen, en general con propósitos de lucro. Por otro lado, a pesar del reconocimiento del aborto como un importante problema social y de salud pública, y de que las leyes consideran circunstancias para que se practique en forma legal, buena parte de los profesionales médicos y las instituciones de salud mantienen una postura conservadora y de reserva al respecto. La formación profesional que habitualmente reciben los médicos y la consideración legal del aborto inducido como delito, son dos elementos que influyen de manera muy importante en sus actitudes frente al problema.

Palabras clave: aborto inducido; actitud; médicos; México

Abstract

The position of physicians regarding induced abortion in Mexico deserves closer attention. The attitudes of physicians towards induced abortion have been a subject of study in different countries. It has been observed that such attitudes depend on ethical, religious, legal, political, or medical factors. In those countries where abortion is not penalized, physicians sustain different positions regarding this issue. The experiences of some countries indicate that the institutional provision of abortion services is a controversial and politically serious matter, and that offering or denying them generally depends to a great extent on the physician's discretion. In contexts like Mexico, where abortion is penalized, legal and other restrictions do not prevent many physicians from practicing it in a concealed way, generally for profit. On the other hand, even though abortion is recognized as an important social and public health problem, and laws regulate the conditions for its legal practice, the majority of medical professionals and health institutions maintain a conservative and reserved position on this matter. The professional training of physicians and the legal status of induced abortion as a criminal practice, are central elements in their attitudes towards this problem.

Key words: abortion, induced; attitude; physicians; Mexico


Solicitud de sobretiros: Dra. Deyanira González de León Aguirre. Tamaulipas 125, Departamento 30, colonia Condesa, 06140 México, D.F.

Introducción

LOS MÉDICOS REPRESENTAN el sector profesional más cercano a la realidad cotidiana del aborto inducido. Sus actitudes frente a este importante problema de salud dependen de factores diversos que hoy merecen mayor atención en el contexto de la realidad mexicana. La investigación sobre esta temática ha sido escasa en el país y en el presente no hay evidencias suficientes para predecir la respuesta de los médicos, como sector gremial, ante una reforma para liberalizar las leyes que regulan la práctica del aborto.

Las actitudes de los médicos frente al aborto han sido objeto de interés en distintos países. En revistas de circulación internacional, médicas y del campo de la salud en general, aparecen con frecuencia artículos, notas editoriales y cartas al respecto. La producción escrita sobre el tema incluye los resultados de estudios empíricos, que dan cuenta de la diversidad de posiciones de los médicos en relación al aborto, en contextos donde es legal bajo distintas circunstancias y en el marco de condiciones sociales y políticas diferentes a las de un país como el nuestro.

Según información oficial, en 1989 las complicaciones del aborto representaban la cuarta causa de mortalidad materna en el país, y constituían una de las principales causas de morbilidad hospitalaria; datos de la Secretaría de Salud en 1988 y del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1989 muestran que éstas ocuparon el tercer lugar, entre dichas causas, en los hospitales de ambas dependencias.1

Por otro lado, la Encuesta Nacional sobre Fecundidad y Salud en 1987 indicó que del total de mujeres de 15 a 49 años, el 14.3% había tenido al menos un aborto (provocado o espontáneo) durante su vida reproductiva. Más recientemente, la Encuesta sobre Salud Reproductiva, en la que se aplicó un procedimiento específico para indagar datos sobre el aborto inducido, mostró que de los abortos referidos por mujeres de cuatro colonias del área metropolitana de la Ciudad de México, el 20.8% fueron admitidos como inducidos; del resto, un 58.4% fueron declarados como espontáneos, y el 28.8%, aunque referidos como tales, pudieron haber sido provocados.2

Los resultados de una investigación reciente sobre el aborto, realizada en seis países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Chile, México, Perú y República Dominicana), indican que las mujeres hospitalizadas por abortos complicados representan una ínfima parte del total de aquellas que recurren a la interrupción del embarazo. Quedan fuera de los registros todos los abortos no complicados, así como los de aquellas mujeres que sufren complicaciones pero las subestiman, que no tienen acceso a la atención médica, o que no la buscan por temor. Las complicaciones del aborto son más frecuentes en¬tre las mujeres pobres, que recurren a métodos peligrosos y a practicantes no capacitados; y el volumen de los casos que requieren atención hospitalaria implica costos elevados para los servicios públicos de salud. Se calcula que en México un 40% de los embarazos son indeseados; de éstos, el 17% termina en un aborto inducido y el 23% restante en un nacimiento no deseado. Según las estimaciones de los expertos que realizaron el estudio, en el país uno de cada cuatro abortos inducidos presenta complicaciones.3

El aborto ha constituido en diferentes momentos el centro de intensos debates en México. Desde la década de los setenta, distintos grupos sociales y del Estado han venido planteando la necesidad de revisar y actualizar las leyes que desde 1932 regulan su práctica. No obstante, las iniciativas en este sentido han enfrentado la fuerte oposición de los sectores sociales más conservadores, cuyos argumentos morales y religiosos han tenido gran peso en el debate público y en el contexto político mexicano; la discusión del asunto en las instancias sanitarias y en los órganos legislativos facultados para tomar decisiones ha sido evadida y postergada, y la solución al problema del aborto continúa pendiente.4

Las leyes que regulan la práctica del aborto, inscritas en el Código Penal para el Distrito Federal y Territorios Federales de 1931, la tipifican como delito y están redactadas en términos marcadamente restrictivos y punitivos.* Sin embargo, las restricciones legales, así como las sanciones morales y religiosas, carecen de efectos disuasivos. No impiden que un elevado número de mujeres recurra al aborto ni que los médicos lo practiquen en forma más o menos encubierta, en numerosos consultorios y clínicas privadas. La ley tampoco impide que para muchos médicos el aborto sea un negocio que genera importantes ganancias.

* La legislación para el Distrito Federal establece sólo tres situaciones en las cuales el aborto no es punible: cuando el embarazo es resultado de violación, en los casos en que éste pone en peligro la vida de la mujer, y cuando el aborto es causado por imprudencia de la mujer. Algunos códigos penales estatales admiten además otras circunstancias, como los motivos eugenésicos y las causas socioeconómicas. Las leyes no incluyen los riesgos para la salud de la mujer como indicación para el aborto. El Código Penal establece que el delito de aborto implica sanciones que incluyen la cárcel para las mujeres y los practicantes. En el caso de los médicos, comadronas y parteros se contempla la suspensión de su ejercicio profesional durante varios años.6

En los hechos, el aborto es un "delito" muy escasamente denunciado y castigado, ya que existe una gran diferencia entre la cantidad de abortos que se realizan todos los días y el número de los que son objeto de un proceso penal. En 1988 se dictaron en la capital del país seis sentencias condenatorias por abortos consentidos y procurados; y en 1989 se dictaron sólo dos.5

Un trabajo recientemente publicado en México indica que:

... una de las razones por las que el aborto no se castiga ni se persigue es que no existe la convicción de que el hecho reprimido sea del todo ilícito y sin esta convicción es imposible la persecusión. De esta manera, la política criminal que se estructura en torno es sumamente frágil, puesto que con su penalización no se garantiza ni la disminución de los abortos ni su castigo; sólo hace que las mujeres recurran arriesgando su salud y su vida cuando no los tienen. Esto nos lleva a preguntamos ¿a quién beneficia esta situación? ¿a quién le interesan la clandestinidad y sus efectos?7

LA POSTURA DE LOS MÉDICOS EN OTROS CONTEXTOS

Distintas investigaciones han mostrado que en las actitudes de los médicos frente al aborto influyen factores diversos, que abarcan los de carácter ético, religioso, político, jurídico y médico-científico; también se ha observado que estas actitudes tienen relación con elementos como el género, la edad o el tipo de práctica que los profesionales realizan. Los hallazgos de diferentes autores permiten ver que aun en países donde las leyes admiten el aborto bajo condiciones amplias (razones médicas, motivos socioeconómicos, o a solicitud de la mujer), coexisten sectores de médicos con posiciones diversas, desde las cuales unos favorecen la libre elección de las mujeres, otros aprueban el procedimiento sólo en determinadas situaciones, y otros se oponen a él.

Se ha señalado que los principios éticos y religiosos juegan un importante papel en la actitud de los médicos ante el aborto; estudios realizados en los Estados Unidos, por ejemplo, han mostrado que quienes se declaran católicos practicantes tienen mayores reservas éticas y morales frente al problema.8-10 También se ha indicado que dentro del gremio médico de ese país los gineco-obstetras representan uno de los sectores más conservadores en relación con el aborto.11 Algunos trabajos han explorado cómo influyen las diferencias de género en la postura de los médicos; según sus resultados, las médicas tienen actitudes más liberales y apoyan en mayor medida que sus colegas hombres el acceso de las mujeres al aborto sin restricciones.10,12

La actitud y la disposición personal de los médicos hacia la práctica del aborto difiere en relación con las indicaciones y los plazos en los cuales ésta es pertinente. En los países donde está legalizada, la mayor proporción de los abortos (más del 90%) se realiza durante el primer trimestre del embarazo,11,13 lo cual supone mayor seguridad desde el punto de vista médico y menos objeciones de los profesionales por motivos éticos o religiosos.

La interrupción del embarazo por razones médicas (riesgo para la salud o la vida de la mujer y alteraciones fetales) durante el primer trimestre, es ampliamente aceptada por los médicos. Sin embargo, se ha observado que el consenso entre ellos puede ser menor en el caso del aborto después de este lapso, o cuando las indicaciones rebasan el ámbito de las razones terapéuticas y obedecen a otro tipo de circunstancias, como la edad de la mujer, sus condiciones socioeconómicas, las fallas de métodos anticonceptivos, el embarazo producto de violación, o la decisión personal de abortar.10-12,14

Las legislaciones de varios países europeos, así como las de Estados Unidos y Canadá, permiten la interrupción del embarazo inclusive en el tercer trimestre, para salvar la vida de la mujer o por alteraciones fetales.15 La interrupción del embarazo después de las 24 semanas, cuando las posibilidades de vida extrauterina son en la actualidad muy altas, supone un importante conflicto ético y moral para los médicos. La discusión en este sentido ha sido muy amplia y algunos autores han asentado que el aborto tardío es "ética y moralmente justificable" cuando existe la certeza diagnóstica de que el producto nacerá con alteraciones severas o con problemas incompatibles con la vida extrauterina.16,17

Un estudio realizado en Inglaterra, donde la ley permite el aborto después de las 24 semanas, mostró que entre los 343 gineco-obstetras incluidos, la mayoría (89%) indicó la vigésima semana como límite personal para practicar abortos, salvo en casos de riesgo para la salud de la mujer o de alteraciones fetales. No obstante, una parte importante señaló que, aunque no estaban dispuestos a realizar abortos por indicaciones más amplias después de tal plazo, no se oponían al aborto tardío si otros profesionales estaban dispuestos a efectuarlo. Un 90% de los encuestados admitió el aborto después de las 20 semanas por alteraciones fetales severas; el 85% por riesgo para la salud de la paciente; el 57% lo aprobó en los casos de violación; y un 47% en los de mujeres adolescentes.14

En los países donde el aborto es legal bajo diversas circunstancias, los médicos juegan un importante papel en la definición y ejecución de los procedimientos para dar cumplimiento a las leyes. El establecimiento de los criterios que, en un determinado contexto, se consideran adecuados para la oferta y la prestación de servicios de aborto, generalmente compete a las asociaciones médicas. Además, es frecuente que las leyes precisen procedimientos de aprobación especial para los abortos (la interrupción del embarazo después del primer trimestre, por ejemplo), y que requieran la opinión de uno o más profesionales para su autorización.18

Por otro lado, las leyes respetan el criterio personal de los profesionales de la salud. Las legislaciones contemplan "cláusulas de conciencia", que los exoneran detoda relación con la práctica del aborto, sin que ello perjudique su carrera.18 Un artículo reciente indica que en Italia, cuyas leyes admiten el aborto por indicaciones amplias desde la década de los setenta, un 60% de los gineco-obstetras, 52% de los anestesiólogos y 44% de los paramédicos reclamaron la excepción para realizar abortos acogiéndose a las objeciones de conciencia; no obstante, también se apunta que muchos de estos profesionales los practican en forma privada.13

En España, donde la legislación sobre el aborto es más restrictiva, pero lo permite desde 1985 por razones de salud materna (física y mental), por causas eugenésicas y en caso de violación, la negativa de los médicos para practicar abortos en las situaciones amparadas por la ley ha sido generalizada. En consecuencia, más del 90% de los abortos son absorbidos por servicios privados y los ginecólogos de los hospitales públicos de Madrid que no lo objetan resuelven el 70% de los abortos que se efectúan en las instituciones públicas de ese país.19

Lo anterior indica que la actitud de los médicos es un aspecto central en la aplicación de las leyes sobre el aborto. Las experiencias de distintos países muestran que la prestación institucional de servicios de aborto es un asunto controvertido y políticamente delicado; en muchos casos, el proporcionar o negar estos servicios depende, en gran medida, del criterio de los profesionales de la salud:

... con frecuencia ellos controlan el acceso al aborto y la efectiva instrumentación de la decisión de la mujer... para algunos médicos y enfermeras, el aborto representa un conflicto ético o moral entre su compromiso personal con lo que ellos perciben como salvar vidas y la solicitud de la mujer para terminar su embarazo no deseado.13

Es importante mencionar que la liberalización de las leyes o la ausencia de restricciones no garantizan que los servicios de aborto sean accesibles a todas las mujeres por igual. En distintos países la ley permite el aborto bajo circunstancias diversas, pero su práctica puede estar limitada por la carencia de disposiciones legales adecuadas, de instalaciones y recursos financieros suficientes, o de personal calificado.15,18 En Puerto Rico, por ejemplo, el acceso a los servicios de aborto está limitado por la insuficiencia de instalaciones. La intervención es legal a solicitud de la mujer, pero sólo en dos de las ocho regiones del país existen clínicas de aborto que operan tiempo completo; en las seis regiones restantes, los servicios son esporádicos o inexistentes.20
 
Estos últimos señalamientos resultan de gran interés en relación con los contextos donde el aborto continúa penalizado. Ante la posibilidad futura de modificaciones para liberalizar la legislación debe considerarse que:

... Cuando las leyes no están apoyadas por los recursos necesarios para proporcionar los servicios que autorizan, el ejercicio de la reforma legal no tiene sentido. [...] Los gobiernos que han vencido la oposición religiosa y de otro tipo para que la mujer pueda optar por el aborto son, de modo casi invariable, reacios a situar a los profesionales de la salud y a las instituciones sanitarias bajo el deber positivo de llevar a cabo abortos. Sin un compromiso gubernamental de cubrir la demanda de aborto, el aborto ilegal mantiene su frecuencia y el aborto médico seguro queda al alcance sólo de los ricos y privilegiados.18

LOS MÉDICOS EN MÉXICO

Como se mencionó al inicio de este trabajo, la investigación sobre la actitud de los médicos mexicanos en relación con el aborto ha sido insuficiente. Sin embargo, existen algunas referencias escritas que ilustran su participación en el debate, así como algunos de los elementos que influyen en sus posturas frente a la problemática del aborto.

Como sector gremial, los médicos en México han mantenido una posición conservadora y de reserva frente al abono. Pese al reconocimiento cada vez mayor del aborto como problema social y de salud pública, importantes sectores de la profesión médica se han opuesto a la modificación de las leyes que regulan su práctica. Además de las justificaciones éticas o morales para apoyar una postura contraria a la despenalización del aborto, desde las más altas jerarquías de la profesión se ha señalado que ésta acarrearía un aumento desmesurado de la demanda del procedimiento y crearía serias dificultades para los servicios de salud. Desde esta perspectiva, las propuestas de solución se han circunscrito al ámbito de las medidas preventivas, que básicamente incluyen la educación sexual y la promoción de los programas de planificación familiar.21-23

Dentro del gremio médico existen quienes opinan que el aborto podría practicarse en forma legal cuando existen indicaciones terapéuticas, pero se oponen a que las leyes admitan el procedimiento en otras circunstancias:

No estamos preparados para atenderlo [el aborto], ya que no tenemos la suficiente preparación médica para hacerlo en condiciones higiénicas y adecuadas.24

Por otra parte, existe también en el país un núcleo de profesionales médicos que ha contribuido al análisis de las repercusiones sanitarias y sociales del aborto, e insistido en la necesidad de revisar y cambiar las leyes. Desde esta posición se ha planteado que:

... La legislación sobre el aborto debería desaparecer del Código Penal, y el aborto debe reglamentarse en el Código Sanitario como un problema de salud pública y no como delito.25

Se ha señalado asimismo que la eventual modificación de las leyes tendría que incluir indicaciones para el aborto que en México tienen una relevancia especial, entre ellas:

... los motivos de salud materna, de salud fetal o de salud social, como puede ser la pobreza.26

La formación profesional que habitualmente recibe el médico y la consideración legal de la práctica del aborto como delito, son dos elementos que influyen de manera muy importante en su actitud frente al problema. Desde su formación universitaria los médicos adquieren o refuerzan conceptos deformados y prejuiciados en relación con el aborto inducido:

... Yo no escapé, en mi formación, de tener un concepto de la práctica del aborto como algo criminal, inmoral. No escapé a toda esa tradición y estructura donde se pensaba que el ginecólogo honesto y ético era el que atendía partos, enfermedades, esterilidad [...] y que el inmoral, fracasado y mercenario era el que resolvía, además, el problema del aborto en sus pacientes.27

La formación universitaria pone al futuro médico en contacto con la realidad cotidiana del aborto inducido y le proporciona las herramientas para su manejo clínico y quirúrgico. Sin embargo, en general, esta formación no le ofrece tanto a nivel de las licenciaturas en medicina como de las residencias de especialización en gineco-obstetricia los elementos para ubicar al aborto en su dimensión de problema sanitario, y para comprender sus repercusiones sociales y psicológicas.
 
No es extraño que en las aulas universitarias y en los hospitales se aluda al aborto inducido como "aborto criminal ", y que el tema se trate desde una perspectiva cargada de conceptos religiosos y juicios morales. Para muchos médicos, el aborto es un acto que atenta contra los principios de la moral dominante y contra los postulados de la ética médica que han aprendido:

El problema se complica cuando se observa la presencia de grupos de población interesados que buscan su liberación indiscriminada. El aborto, aunque se quiera ver fuera de la religión, es un hecho que atenta contra la vida. Y no se le den vueltas al asunto.28

La formación universitaria tampoco le da al médico las herramientas para comprender cabalmente los aspectos jurídicos del aborto. En consecuencia, la mayoría de los médicos –y las instituciones públicas de salud– se rehúsan a practicar abortos, aun en los casos amparados por la ley. Además de las consideraciones éticas o religiosas, y del temor a la estigmatización, que sin duda tienen gran influencia, en nuestro contexto tiene especial importancia la falta de una comprensión adecuada de las leyes. Los términos fuertemente restrictivos en que están redactadas inducen a que en general los médicos asuman que el aborto es ilegal en cualquier circunstancia.

Así,

"... aunque está claro para jueces y abogados que la ley no demanda que una mujer, cuya vida corre peligro si el embarazo continúa, se exponga a morir, este hecho no es siempre tan diáfano para los profesionales de la salud."18

Lo que el médico aprende sobre el aborto en las aulas universitarias y en los servicios de salud, repercute en la atención a las mujeres con complicaciones de abortos mal practicados. En no pocas ocasiones, las mujeres son tratadas por parte de médicos y también de enfermeras con actitudes punitivas y de desprecio. La atención a las complicaciones del aborto se limita, casi siempre, al tratamiento médico-quirúrgico y a la recomendación o aplicación rutinaria de métodos de planificación familiar. No hay en los servicios públicos de salud condiciones para el seguimiento de las mujeres que han abortado, para ofrecerles apoyo psicológico, o para brindarles asesoríasobre métodos anticonceptivos adecuados a sus necesidades individuales.*

* La calidad de la atención para las mujeres con complicaciones de abortos inducidos podría mejorarse mediante la creación de "servicios post-aborto" en los hospitales públicos, los cuales contemplan aspectos como el consejo y la asesoría para la elección de métodos anticonceptivos; la variedad y accesibilidad de los mismos; la competencia técnica de los proveedores; las relaciones interpersonales adecuadas entre ellos y las usuarias; la atención emocional y social; y la continuidad en el servicio.30

Por otro lado, ante la sospecha o la certeza de un aborto inducido, el médico raramente hace la denuncia ante la autoridad judicial. Lo más común es que el hecho quede asentado en los registros hospitalarios como aborto incompleto o aborto en evolución. Esto en general obedece a una posición ambigua del médico hacia la paciente, así como al temor a verse involucrado en un problema legal. Sin embargo, el que el médico no haga la denuncia puede, en otros casos, atribuirse a una actitud de protección y respeto hacia la mujer:

... así como hay médicos que no tienen un comportamiento y una expresión punitiva hacia la mujer que acude con un aborto, también existen aquellos que trasladan los criterios de su propia moral a la práctica institucional, condenando a la mujer. Sea como fuere, se puede considerar que la primera actitud de no juzgar moralmente a la mujer que aborta–es un comportamiento que tiende a proteger ala mujer, ya que cuanto menos evidencias se registren, más seguridad encuentra la paciente de no ser acusada y procesada por la interrupción voluntaria del embarazo.29

Entre las escasas referencias actualizadas sobre la actitud de los médicos frente al aborto en México, se encuentra un estudio realizado en el Hospital de la Mujer (Secretaría de Salud), de la Ciudad de México. La investigación incluyó médicos, enfermeras y trabajadoras sociales. De los 48 médicos entrevistados, la mayor parte tenía entre 30 y 39 años y casi la totalidad (96%) declaró ser católico. En cuanto a las situaciones en las que consideraron que las mujeres deberían tener derecho a un aborto legal, las proporciones de quienes indicaron el embarazo resultado de violación, las alteraciones fetales, o el riesgo para la vida de la mujer superaron el 90%.

En el caso de otras situaciones, los porcentajes fueron menores; un 27% señaló el embarazo no deseado como indicación para el aborto, y un 19% lo aprobó por razones económicas; más del 60% opinó que los servicios de planificación familiar tienen deficiencias importantes, pero solamente el 6% admitió el aborto por falla de métodos anticonceptivos. El 93% sabía que el aborto no es punible en los casos de violación, pero un tercio desconocía que tampoco lo es cuando peligra la vida de la mujer. De los 48 médicos, casi el 60% consideró que no es necesario hacer cambios a las leyes sobre el aborto.31

COMENTARIO FINAL

La legislación vigente sobre el aborto en México incide de manera determinante sobre la elevada frecuencia de sus complicaciones y en el hecho de que éste constituya la cuarta causa de mortalidad materna. Las experiencias de otros contextos indican que cambiar esta situación implica, además de la promoción de las medidas para prevenir el aborto, modificaciones sustanciales a las leyes que lo rigen.

En el presente resulta difícil predecir cuándo y bajo qué circunstancias existirán condiciones políticas favorables para la discusión sobre el aborto en las instancias que definen la política sanitaria y en los órganos legislativos. Dada la oposición que han generado las iniciativas para modificar las leyes, parece poco probable que en el futuro cercano el aborto pudiera despenalizarse en términos amplios. No obstante, una actualización de las leyes coherente con la realidad actual tendría que ampliar las indicaciones para el aborto legal incluyendo, por lo menos, los motivos de salud, definidos en función del con¬cepto de salud acuñado por la Organización Mundial de la Salud.

La solución al problema, sin embargo, no se limitará tan sólo a la liberalización de las leyes. Cambiar la legislación e impactar positivamente sobre las consecuencias sociales y sanitarias del aborto inducido, supone un importante respaldo político al más alto nivel. Las modificaciones a la ley tienen que asegurar la prestación de servicios de aborto, con alta calidad y cobertura amplia, en las instituciones de salud del sector público. Por otro lado, ampliar las indicaciones legales para el aborto y hacer efectivo el acceso de las mujeres a los servicios que lo proporcionan en forma segura, implica también que las normas y disposiciones marcadas por lalegislación obtengan el consenso de los profesionales directamente involucrados en su instrumentación y en la prestación de los servicios.

Por su particular relación con el aborto, los médicos constituyen un núcleo profesional de enorme importancia para lograr cambios en la legislación. Al parecer buena parte de los profesionales de la salud en México tienen una visión limitada sobre la problemática del aborto, lo cual en gran medida obedece al tipo de formación que reciben. En este sentido, las instituciones de educación superior tienen la responsabilidad de revisar los enfoques que tradicionalmente han guiado la formación de sus egresados en el campo de la salud reproductiva. Problemas complejos como el aborto, y en general todos aquéllos relacionados con la reproducción y la sexualidad humanas, requieren ser abordados desde perspectivas amplias y actualizadas, que permitan a los futuros profesionales desarrollar una práctica clínica integral en los servicios de salud. Los programas de formación de personal de salud (médicos, enfermeras, u otros) tienen que incorporar nuevas herramientas de análisis, que contribuyan a la mejor comprensión de los aspectos sociales, demográficos, culturales, psicológicos, éticos y legales vinculados al campo de la salud reproductiva.

En este trabajo se presenta una aproximación a los elementos que influyen sobre la postura de los médicos ante el aborto inducido. Es evidente que el tema merece ser tratado con mayor profundidad, y que, en especial, lo expuesto en relación con los médicos en México es, a todas luces, insuficiente. En consecuencia, el interés por dar soluciones al problema del aborto debe contemplar, en el terreno de la investigación, el desarrollo de estudios dirigidos a explorar los factores que inciden en las actitudes de los profesionales de la salud hacia él. Esto sin duda enriquecerá la discusión pública sobre el aborto, y aportará evidencias más precisas sobre la postura de un sector profesional que tendrá un peso decisivo en el planteamiento y la aplicación de eventuales modificaciones a las leyes que lo regulan.

El aborto es un serio problema social, político y de salud pública. Por ello, los médicos en México tendrían que estar más activamente interesados en la discusión de sus diversos aspectos:

... Sus opiniones son importantes componentes de cualquier debate político público, y sus patrones de práctica son importantes componentes de la atención a la salud para miles de mujeres cada día.12

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Salud Pública de México es una publicación periódica electrónica, bimestral, publicada por el Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), con domicilio en Avenida Universidad núm. 655, col. Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62100, teléfono 3293000, página web: www.insp.mx, ISSN: 1606-7916, Reserva de Derechos al Uso Exclusivo con número: 04-2012-071614550600-203. Ambos otorgados por el Instituto Nacional del Derecho de Autor. Editor responsable: Carlos Oropeza Abúndez. Responsable de la versión electrónica: Subdirección de Comunicación Científica y Publicaciones, Avenida Universidad núm. 655, Planta Baja, col. Santa María Ahuacatitlán, Cuernavaca, Morelos, C.P. 62100, teléfono 3293000. Fecha de última modificación, 01 de julio de 2014. D.R. © Instituto Nacional de Salud Pública.